Los hechos de corrupción que involucran la gestión del destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden terminar reducidos a una simple disputa política ni mucho menos convertirse en otra anécdota dentro de la larga lista de administraciones municipales cuestionadas en Paraguay. Cuando existen denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos, la respuesta necesaria debe ser la investigación seria, transparente y con todas las garantías del debido proceso, pero también con la firmeza suficiente para evitar que la impunidad siga siendo una constante.
La cosa pública no pertenece a quienes temporalmente ocupan un cargo. Los recursos municipales provienen del esfuerzo ciudadano y tienen como finalidad atender necesidades colectivas, no financiar privilegios, despilfarros o esquemas que perjudiquen a la comunidad. Por eso, cualquier sospecha de apropiación indebida, mal uso o desvío de fondos debe ser esclarecida hasta las últimas consecuencias.
Uno de los mayores daños que produce la corrupción no es solamente el perjuicio económico, sino la peligrosa cultura de resignación, donde la sociedad termina aceptando que quienes llegan al poder pueden enriquecerse o manejar los bienes públicos como si fueran patrimonio personal. Esa normalización es precisamente la que debe ser combatida. Los procesos judiciales deben respetar las reglas y garantizar la defensa de cualquier acusado, porque la justicia no puede funcionar bajo presión ni convertirse en una herramienta de persecución.
Pero una cosa es ejercer el legítimo derecho a defenderse y otra muy distinta utilizar recursos procesales únicamente para dilatar, trabar o evitar que una causa avance hacia una conclusión. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. No puede ser que la acumulación de denuncias, cuestionamientos y evidencias sobre posibles irregularidades termine perdida en el laberinto de las chicanas, mientras la memoria pública se acostumbra a olvidar y los responsables, cualquiera sea su color político, quedan sin consecuencias.
Los fanatismos partidarios no pueden convertirse en una barrera para analizar hechos concretos. Defender a un dirigente solamente por simpatía política es repetir los mismos errores que durante años se criticaron de otros sectores. La corrupción no cambia de naturaleza dependiendo del partido o del discurso de quien la comete. Guste o no a quienes siguen defendiendo posiciones personales antes que principios, si alguien roba recursos públicos debe responder por ello. El cargo, la popularidad o el respaldo político no pueden convertirse en escudos de protección. La función pública exige responsabilidad y quienes traicionan esa confianza deben asumir las consecuencias.
Ciudad del Este, como una de las ciudades más importantes del país, necesita instituciones fuertes y autoridades que entiendan que administrar fondos públicos no es una oportunidad para beneficio propio, sino una obligación frente a la ciudadanía. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni utilizada solamente cuando afecta al adversario. El verdadero cambio no llegará con nuevos discursos ni con promesas de renovación mientras se mantenga la idea de que algunos pueden ser cuestionados y otros protegidos. La justicia debe alcanzar a todos por igual, porque la impunidad de hoy es la invitación para que mañana otros repitan los mismos abusos. Y de hecho se sigue en la misma mediocridad y robo de la cosa pública.
