Cada cierto tiempo, la realidad nos recuerda que el problema de nuestro país no es únicamente la falta de recursos, sino también la abundancia de pícaros, o mejor sinvergüenzas. El reciente escándalo de los títulos falsos detectado por el Ministerio de Educación vuelve a exponer una enfermedad social que lleva años desarrollándose a la vista de todos. La obsesión por aparentar méritos que nunca se conquistaron tiene más expositores de lo que se cree.
Cientos de personas prefirieron pagar por un diploma antes que estudiar para obtenerlo. Eligieron el atajo antes que el esfuerzo, la simulación antes que la preparación. Querían el prestigio del título, pero no el sacrificio que exige alcanzarlo. Son profesionales de cartón, construidos sobre una mentira que tarde o temprano termina derrumbándose.
El fenómeno tampoco es exclusivo del magisterio. La memoria colectiva recuerda casos de legisladores y autoridades que se presentaban como abogados sin demostrar conocimientos elementales del derecho. Algunos exhibían credenciales académicas con el mismo entusiasmo con que luego exhibían una preocupante ignorancia sobre aquello que supuestamente habían estudiado.
Sin embargo, sería un error cargar toda la responsabilidad sobre quienes compraron certificados. Para que exista un comprador debe existir un vendedor. Detrás de cada título irregular aparecen instituciones que emitieron documentos, autoridades que miraron hacia otro lado y sistemas de control incapaces, o poco “interesado$”, en detectar anomalías evidentes.
La gravedad del caso no está únicamente en el fraude documental. El problema es mucho más profundo. Cuando un falso docente ingresa a un aula, cuando un falso profesional ocupa una función pública o cuando un falso especialista toma decisiones que afectan a terceros, las consecuencias dejan de ser individuales para convertirse en un perjuicio colectivo.
Este escándalo revela una alarmante debilidad en los mecanismos de control de las certificaciones profesionales. Durante años, demasiados sellos y firmas parecieron valer más que la verificación de los antecedentes. El resultado es una fábrica de credenciales cuya autenticidad depende más de la billetera que del conocimiento adquirido con rigores apropiados. Por eso, junto con las sanciones para quienes compraron títulos, también debe existir una investigación seria sobre las facultades e instituciones involucradas.
Porque si los falsos profesionales obtuvieron diplomas de cartón, hubo quienes les proporcionaron la imprenta, la tinta y el negocio. Y si algo han demostrado algunos de estos centros educativos, es que quizás no puedan otorgar formación académica de calidad, pero sí poseen una especialización indiscutible. Tienen título, certificado y posgrado en asuntos de sinvergüenzas.
