Carmen Villalba y su hermana Laura, miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), así como Francisca Andino, condenada por el caso Cecilia Cubas, fueron trasladadas desde el Buen Pastor, Asunción, hasta la Penitenciaría de Minga Guazú, bajo el régimen de máxima seguridad.
Desde el Ministerio de Justicia se informó que el traslado de Carmen Villalba, de su hermana Laura y de Francisca Andino responde a “la seguridad nacional, de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico del Estado Paraguayo”.
Las mujeres ingresaron a la nueva penitenciaría de Minga Guazú a las 10:40 del último sábado. El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad desde Asunción vía aérea hasta el Aeropuerto Guaraní, en una aeronave de la Policía Nacional. Desde allí el recorrido fue terrestre hasta el kilómetro 20, donde se encuentra el reclusorio.
Las mismas, se encuentran en el bloque de condenados, bajo el régimen de seguridad máxima, es decir, en celdas unipersonales que miden 1,5 por 2 metros. Permanecerán 22 horas al día encerradas con una hora a la mañana para salir al patio y otra hora por la tarde para realizar actividades físicas.
Son consideradas de alta peligrosidad y que ya tuvieron inconvenientes en el Buen Pastor. El año pasado, los intervinientes habían encontrado en la celda de Carmen una computadora, celulares y documentos, bajo sospechas de que seguía liderando el crimen organizado desde la cárcel. Así también, hace tres semanas, habían sido trasladas a las cárceles de San Pedro, Concepción, Coronel Oviedo y Villarrica cinco internas que compartían pabellón con Villalba.
Carmen Villalba cumplió la pena de 18 años por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y otra condena por toma de rehén en el Buen Pastor, pero todavía se encuentra bajo custodia del Estado por intento de homicidio de un comisario y dos oficiales de la Policía Nacional, ocurrido en el 2004, cuando se había fugado del Buen Pastor. Su hermana Laura, considerada enfermera del EPP y capturada en el 2020, compurga una pena de 25 años de cárcel más 6 años de medidas de seguridad.
En el caso de Francisca Andino, fue condenada a 30 años de cárcel por el secuestro de Cecilia Cubas Gusinky, hallada muerta en febrero del 2005 en una vivienda de Ñemby.