La formación e incidencia de grupos de malvivientes que dominan las penitenciarías, es un hecho que no puede pasar desapercibido, o minimizado por sectores de la sociedad, pero primordialmente por los del Gobierno central. Todo lo que atente contra la democracia, contra el imperio de la ley, contra las instituciones y fundamentalmente contra la ciudadanía es ilegal, inconstitucional, y un grupo que se dedica a sembrar terror es la expresión más clara de una plaga que debe ser eliminada. Tengan el delito que tengan los que asesinan sin piedad y se manejan en el contexto de la violencia, deben recibir respuestas en su ley.
Permitir vigencias de organizaciones delincuenciales en cárceles es demostrar inutilidad manifiesta o en su defecto complicidad en el mismo tenor. Asestar golpes, en el mismo rigor que se manejan, no debe causa estupor, dudas y hasta teorías conspiratorias, pues es lo esperado por cualquier nación de medio pelo. Ideas y acciones surgidas de resentidos, que creen que con la violencia se acalla a quienes piensan que el trabajo honesto es para estúpidos, y que el estar privado de libertades no es impedimento para delinquir, no pueden ser arropados con discursos de respeto a los derechos humanos solo observando la violencia medida, desconociendo la podredumbre de clanes.
Crear miedo para lograr respaldos se contrapone a todo principio legal y al mismo derecho humano de la mayoría. Marginales que no son más que hampones de una mafia, no pueden dictar normas de convivencia en penales, y ser aplaudido por ello. Forzar a la violencia es ilegal e inhumano. No es cuestión de pobres contra ricos, ni de quienes se manejan dentro de los principios de Robin Hood, sino sinvergüenzas no apegados al trabajo normal, y que no tienen el más mínimo reparo para asesinar. No hay probrecitos, ni víctimas del capitalismo.
La corrupción sangrienta solo lleva a la vigencia de lo ilegal. El Paraguay se constituyó en República, teniendo normas que sancionan delitos y crímenes, y todos quienes los transgreden, deberían ser sancionados con rigores pertinentes. Eso incluye a quienes siguen abusando de la violencia en cárceles y prosiguiendo con negocios sucios. Ordinarios energúmenos de la malviviencia, guste o no, deben ser eliminados, así como el sistema que permite que sigan campantes, pese a los barrotes.
El mandato ciudadano debe ser escuchado y no evadido, pues erradicar a la inseguridad y devolver la paz son asuntos inherentes a todo Gobierno. La ley de la jungla, donde el proceso es la violencia extrajudicial, solo tiene preeminencia en sociedades donde las autoridades son adornos, y las mafias campean sin oposición. Las cárceles no pueden seguir siendo base de operaciones de bandidos. Descabezar grupos es el primer paso para hacer primar las leyes debidamente generadas. El esquema debe ser destruido, partiendo desde los protectores políticos de la criminalidad, hasta los peones que son internos de penitenciarías.
