Editorial

El tráfico de influencias pregonado sin distinción

Autoridades de diferentes cargos políticos utilizan influencias para colocar a ahijados en puestos laborales, o para cobrar por no trabajar, desangrando las arcas estatales. Sean senadores, diputados, concejales, son los primeros en el ranking de influir sobre estamentos y órganos que lamentablemente sufren los embates de la politiquería dañina. La incidencia de lo político es tremenda, y hasta es capaz de designar, destituir o fundir.

Valerse del puesto para fomentar la impunidad, es de criminales que atentan contra los principios morales y legales. Un senador, diputado o concejal deberían ser respetuosos custodios de la Constitución y las leyes, y no valerse de cargos para coimear o fomentar ilegalidades. No están exentos aquellos funcionarios ministeriales que fueron colocados por los que tienen el poder, y que prácticamente deben cumplir el papel de malvivientes, recaudando para la “corona”.

Un concejal municipal debe cumplir con su rol de contralor de las actividades del ejecutivo comunal, y de ser portavoz de las inquietudes de la ciudadanía, y no ser comerciante de acciones institucionales. La desnaturalización de poderes políticos es lo que lleva a medir el nivel del maquiavelismo con que se manejan personas que fungen de preocupados con la suerte de la ciudadanía.  Sobresalir por estas posturas, es lucir inutilidades y despilfarrar dinero del pueblo.

Exigir nombramientos para adherentes, pedir dinero por aprobaciones o vistas gordas ante acciones dudosas de administradores, condicen con politiqueros de conciencia corta y que perdieron totalmente la vergüenza. Buscar escaños para lograr amasar fortunas vendiendo dignidades personales, son propias de energúmenos que viven como “sepulcros blanqueados”, desnudados por el deseo de ganancia.

Funcionarios fiscales que atropellan todo principio de legalidad y hacen alarde de influencias sometiendo a individuos al cumplimiento de exigencias personales, componen el segmento cancerígeno del Ministerio Público. Este sistema cultural  aplicado de prohibido tocar porque se cuenta con tarjetas personales de influyentes, ha desangrado las mismas arcas del Estado con evasiones descomunales, así como nombramientos de bandidos en preponderantes cargos que requerían de patriotas.

La deshonestidad tiene su origen en la colocación de marginales en lo estatal, donde sumada a la ineficiencia se constituyen en un elemento de corrupción de primer nivel. Incluso a nivel municipal, dejar que sigan en sus cargos cuestionados funcionarios, es corresponder al mismo criterio tan criticado anteriormente. La inconducta de la clase política llevará al mismo estancamiento, sin posibilidad de avanzar.

La impunidad fuertemente está respaldada en el tráfico de influencias, por lo que primero eliminar esas prerrogativas inmerecidas, ayudará a evitar que los propiciadores del mal no sean sancionados, o que se desvíen tributos. La ciudadanía requiere urgentemente de una reingeniería, de modo a aspirar a nuevos bríos en la lucha contra los males perentorios de cualquier sociedad creciente. El problema de la comunidad radica en la falta de acompañamiento eficaz en el proceso del cambio, pues mientras no se transformen mentalidades, jamás se tendrán realidades diferentes. El tráfico de influencias es un delito que genera perjuicios múltiples.

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