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En la Gobernación quisieron refutar denuncias, pero terminaron admitiendo que pozo artesiano no existe

  • OBRA FANTASMA DE GONZÁLEZ VAESKEN EN ESCUELA DE ÑACUNDAY. RECIÉN AHORA, TRAS PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS, ANUNCIAN QUE INICIAN EXCAVACIÓN.
  • SEGÚN CONCEJALES, LA OBRA ESTÁ TERMINADA, Y “LE GUSTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA”. PRODUJERON DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO, Y DEBEN SER PROCESADOS.

En conferencia de prensa en la mañana de ayer miércoles, el Secretario de Obras de la Gobernación de Alto Paraná confirmó que “en estos días” están comenzando la excavación del pozo artesiano en la Escuela Básica 633 “San José”, de Puerto Paranambú, distrito de Ñacunday.

Esta obra figura como “terminada y entregada” en la rendición de cuentas del 2019, y según un dictamen de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Junta Departamental, “la obra está terminada y entregada”. Es más, dicen que “deja satisfecha a la comunidad educativa”.

El documento lleva la firma de los concejales Joselino Chaparro (PLRA) y Fátima Ramírez (CN), quienes señalan además que “se ocuparon de verificar todas las obras del 2019”, y emiten una lista completa, que a partir de ahora nos encargaremos de verificar si es verdad.

Sin embargo, Miguel Restaíno, Secretario de Obras, refirió que tal obra reclamada públicamente por el director de la institución, el Lic. Ángel Ramírez, figura entre las que “serán ejecutadas en breve”, ya que es parte de una licitación plurianual, y aclaró que su costo está por encima de los 60 millones de guaraníes, y no 167 millones, como se publicó.

Lo que sí confirmó también Restaíno es que el pozo artesiano que los concejales “encontraron” para aprobar la rendición de cuentas del gobernador Roberto González (ANR) del 2019, NO EXISTE, pero la obra comenzará esta semana. La postura de la gobernación, delata la mentira de los concejales que firmaron por el dictamen que señala como “terminada y entregada” la obra.

Cuanto menos, los concejales firmantes del dictamen cometieron el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso, y si la Fiscalía quisiera, también los podrían procesar por Lesión de Confianza, ya que mintieron al pleno de la Junta Departamental para favorecer ciegamente un claro hecho de corrupción.

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