Judiciales

Camaristas y fiscala Leiva aprovecharon la cuarentena para dejar impune a comisario que asaltó y robó US$ 150 mil a comerciante

La cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno a la sociedad paraguaya para evitar la propagación masiva del COVID-19, pareciera que nos mantiene aletargados ante varios hechos de corrupción y negociados que siguen ocurriendo sin pausas a pesar de la situación extrema que vivimos.

Uno de los casos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la misma sociedad no deben olvidar es la libertad ambulatoria que otorgó la Cámara de Apelaciones al comisario Fabián Fernando Barrios Sosa.
El comisario entonces era el jefe policial de la subcomisaría 52ª de la fracción Piro’y del distrito de Minga Guazú, que había asaltado y robado 150 mil dólares a una joven, que se dirigía de Encarnación (Itapúa) al centro de Ciudad del Este para realizar compras. Más grave todavía, la intentó violar en su despacho, en la propia sede policial, donde la mantuvo encerrada.


NEGOCIADO
Los camaristas Efrén Giménez, Raúl Insaurralde y Juliana Giménez Portillo, en plena cuarentena por el coronavirus, habían firmado el A. I. n° 20 del 11 de marzo de 2020, por el cual revoca el A. I. nº 65 del 7 de febrero del 2020, y ordena al juez de garantías otorgar libertad ambulatoria al comisario Fabián Fernando Barrios Sosa.

La misma fiscal del caso, Cinthia Leiva, había allanado el camino al solicitar el sobreseimiento provisional para Barrios Sosa, alegando que aún falta realizar una pericia para presentar acusación contra el mismo.
Los camaristas en contubernio con la representante del Ministerio Público y la defensa del policía ejercida por el abogado Julián Benítez pusieron en ejercicio un plan cuasi perfecto para dejar en libertad e impune al agente policial por el atroz crimen cometido en ejercicio de sus funciones.
El JEM debe intervenir de forma inmediata e investigar a la fiscal Leiva y los camaristas que aprovecharon la situación del coronavirus para asestar el golpe a favor del comisario.

El exjefe de la subcomisaría 52ª es el principal responsable por el asalto y tentativa de coacción sexual a la comerciante.
El pedido de sobreseimiento provisional es el camino para introducir el caso al freezer y luego sellar a la impunidad con un sobreseimiento definitivo.


ASALTO Y TENTATIVA DE VIOLACIÓN
Los hechos sucedieron el 12 de abril de 2019, cuando la mujer G. O., de 24 años, una amiga y un hombre viajaban en un automóvil desde Encarnación (Departamento de Itapúa) a Ciudad del Este cuando fueron retenidos en el kilómetro 28 del distrito minguero en un retén policial. Seguidamente, los agentes obligaron a los ocupantes a descender del rodado para una minuciosa inspección.

Los intervinientes revisaron la valijera, puertas, guantera y todos los bolsos, hasta que abrieron una mochila y encontraron el millonario monto de dinero. Los agentes consultaron a quién de ellos pertenecía el dinero, momento en que la víctima respondió que era de ella.

Seguidamente, los uniformados se apoderaron del paquete de billetes y la llevaron en otro vehículo a la mujer en sede policial. Por el camino le aplicaron una golpiza porque la afectada reclamó porqué estaban actuando de esa manera.

A su vez, las otras dos personas fueron igualmente conducidas a la subcomisaría 52ª, a punta de arma de fuego y agachadas para evitar ver por dónde circulaban. Luego de 20 minutos aproximadamente llegaron a la sede policial.

Una vez en el lugar, Barrios Sosa pidió a sus subalternos que salieran del despacho y allí habría dicho a la mujer «vos tenés que olvidarte nomás ya de esa plata, primero nadie va a creer que es de vos y segundo nadie de los dos quiere viajar».

La afectada totalmente aterrorizada le dijo al jefe policial que iba a gritar, pero el comisario se levantó, le tocó sus pechos, la cintura, nalgas y sus partes íntimas. Luego, la denunciante le pidió que al menos le diera para su pasaje, momento en que el encausado presuntamente tomó un fajo de billetes, 4 mil dólares, y le metió entre las ropas íntimas, aprovechando nuevamente para manosearla.

Finalmente, las tres personas fueron liberadas en el cruce del kilómetro 30 y allí nuevamente amenazadas de muerte para no denunciar el hecho. La víctima del robo y coacción sexual, no denunció al principio el hecho hasta que con el asesoramiento de un abogado que formuló la acción penal.

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